Así se desprende de sendos informes remitidos por Renfe y Adif a la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, organismo ante el que el CERMI presentó una queja por las carencias que siguen sufriendo los usuarios con movilidad reducida.

 

En concreto, un total de 26 estaciones de Cercanías Madrid presentan problemas de accesibilidad universal, frente a las 63 que sí son ya accesibles y que dan servicio a casi el 84% de los usuarios de Cercanías Madrid.

 

Las estaciones que siguen sin ser plenamente accesibles y que son competencia de Adif son Alcalá de Henares; Aluche; Aranjuez; Doce de Octubre; Fanjul; Laguna; Las Águilas; Madrid-Recoletos; Puente Alcocer; San Fernando de Henares, y Vicálvaro.

 

Por su parte, de Renfe dependen Alcalá de Henares-Universidad; El Goloso; La Serna-Fuenlabrada; Móstoles-El Soto; Alpedrete; Orcasitas; Collado Mediano; Ciempozuelos; Las Rozas; Meco; San Cristóbal de los Ángeles; Galapagar-La Navata; Pinar de Las Rozas; Getafe Industrial, y Ramón y Cajal.

 

En los últimos meses han concluido las obras en dos estaciones (Colmenar Viejo y San José de Valderas) que presentaban barreras arquitectónicas y que han dejado ya de existir.

 

Tanto Renfe como Adif expresan su compromiso con el avance hacia la plena accesibilidad de la red de Cercanías y señalan que se dará prioridad a las de mayor tránsito de viajeros “sin olvidar el resto de las estaciones”, pues todas se encuentran bien en fase de licitación, redacción o al menos en proceso de estudio y se irán incluyendo en planes de reformas.

 

 

El CERMI Estatal saluda este compromiso y los avances que se van produciendo, pero exige que la accesibilidad universal de la red sea una prioridad que se atienda con la máxima celeridad, pues las barreras en trenes y estaciones excluye a una parte de la ciudadanía que se ve limitada en su libertad de movimiento de forma autónoma. A su juicio, no es admisible que se excluya por razón de discapacidad a una parte de la población de un servicio esencial como es el transporte público.

 

Además, recuerda que esta situación atenta contra la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al igual que vulnera obligaciones de la propia legislación nacional, dado que el Estado español fijó en el año 2003 el 4 de diciembre de 2017 como fecha tope para que todos los bienes, servicios y entornos de interés fueran plenamente accesibles.

 

Como no cabe duda de que el transporte público lo es, tanto el CERMI Estatal como CERMI Comunidad de Madrid vienen denunciando reiteradamente las carencias en este sentido para que sean subsanadas cuanto antes.